CIENCIAS SOCIALES GRADO DECIMO 10

BIENVENIDO GRADO 10

actividad 3 periodo 2

Área/asignatura:          CIENCIAS SOCIALES			Grado: 10
Período académico: II	Docente: GONZALO A. ROCHE SALDARRIAGA
Competencias Identifica formas de discriminación social, su origen y las consecuencias que generan en las sociedades actuales. -Explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales lo cual se constituye en una riqueza para la vida en comunidad. -Compara los mecanismos de protección  de DDHH (conciliación, acción de tutela, acciones populares, acción de cumplimiento). Argumenta por qué es necesario rechazar las formas de discriminación, exclusión social o violencia que se observan en el mundo hoy -Describe las características demográficas, económicas, sociales, políticas y culturales de las sociedades actuales, en el marco de una sociedad de la información y bajo el paradigma de la globalización.
Descripción de las actividades a desarrollar en el mejoramiento académico:		Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:
1.         La actividad de este taller es leer sacar el glosario de palabras desconocidas y hacer un resumen para evidenciar que si leyó-		1.enviar al correo electrónico gonzaloroche@iebarriosannicolas.edu.co revisar el blog del docente Gonzalo Roche en la Pagina Institucional o a la Dirección http://gonzaroche.blogspot.com donde encuentras el taller y las instrucciones. Plazo para la entrega el día 7 de julio del año en curso. Las inquietudes hacerlas llegar por intermedio del correo, o hacer los comentarios en el blog del docente Gonzalo Roche.

Taller:

1-      La actividad de este taller es leer sacar el glosario de palabras desconocidas y hacer un resumen para evidenciar que si leyó-

Los derechos humanos en Colombia

La idea de que los seres humanos tienen unos derechos anteriores al Estado, que éste debe respetar, surgió en el siglo XVII, con Hobbes y Locke, y se convirtió, con la declaración de independencia de los Estados Unidos de 1766 y en la Declaración de los Derechos Humanos de Francia, en 1789, en base de las constituciones modernas. Estos principios, que Antonio Nariño divulgó en 1795, se incorporaron en formas diversas a las constituciones de nuestro país a partir de 1810.

Sin embargo, la tradición legal española también protegía bienes y derechos de las personas y, como en toda sociedad estamental, los poderes del monarca estaban limitados por los fueros y derechos de pueblos y estamentos. El rey, al fijar tasas u ordenar un castigo, debía respetar fueros y tradiciones, y en ciertas circunstancias los súbditos podían, si la creían arbitraria o pensaban que podía producir una injusticia, aplazar el cumplimiento de una norma: esta especie de tutela se hacía reconociendo la ley pero dejando su aplicación para cuando el rey la revisara: "se obedece, pero no se cumple".

Por otra parte, la relación con indígenas y esclavos obligó a definir los derechos de estos grupos. La corona, alertada por Bartolomé de Las Casas y otros sacerdotes, adoptó una reglamentación protectora de los indios y, en menor escala, de los esclavos, que buscaba ante todo cristianizar estas poblaciones, y garantizar su conservación frente a los excesos de los colonos. La esclavitud de los negros se mantuvo y las medidas para protegerlos se centraron en prohibir a los amos darles muerte, permitir su libertad en ciertos casos y regular otros asuntos menores. Nunca surgió la idea de que los esclavos, como seres humanos iguales ante Dios, tuvieran un derecho a la libertad.

Los indios fueron declarados vasallos libres de la corona, pero después de la conquista, que destruyó la mayoría de la población indígena, esta libertad se reguló de modo que pudieran trabajar para mantener a los colonos españoles y criollos. En la práctica, lo que hizo la ley española fue tratar de conservar las comunidades indígenas mientras permitía su explotación. Se les reconoció la propiedad de una parte pequeña de las tierras que antes tenían, se les dejaron sus caciques, con funciones reducidas, y se fijaron límites a las cargas que debían asumir en servicio de encomenderos y propietarios. Para mantener esta servidumbre regulada, se creó una de las primeras instituciones jurídicas de protección de derechos, el "Defensor de Indios", pero esto no debe hacer olvidar que se buscaba era proteger lo que quedaba a los indios tras perder su independencia, su gobierno y su religión.

Durante el período colonial se protegían derechos individuales y personales: los bienes, la honra, la vida de alguien, pero ideas como derecho a la vida o a la libertad, libertad de conciencia, religión, expresión o enseñanza, estaban fuera del horizonte de la época.

Al establecerse, después de 1810, gobiernos que no derivaban su legitimidad del poder histórico o sagrado de los reyes, sus dirigentes adoptaron el lenguaje del pensamiento liberal: los "pueblos" habían recuperado su libertad, y el gobierno existía para proteger los "derechos imprescriptibles del hombre y del ciudadano". Estos eran: la seguridad, la libertad, la propiedad y la igualdad legal, así como los requeridos para participar en el manejo del Estado.

Todas las constituciones reconocieron algunos derechos (aunque la de 1886 lo hizo bajo la forma de restricciones al poder del Estado), pero nuestra tradición parece haberse caracterizado por la frecuente tentación de reconocer derechos en la Constitución y negarlos en la ley o someter su aplicación a la arbitrariedad de los funcionarios públicos. Fueron muchos los avances reales, como la liberación de los esclavos en 1851, la tradición, rota sólo en momentos de conflicto muy alto, de libertad de prensa, o la expansión gradual de libertades políticas y garantías legales y procesales, pero muy débiles los mecanismos que permitían a un ciudadano hacer valer su derecho frente al Estado cuando éste se empeñaba en restringirlo, o cuando la interpretación dominante, como ocurría con la libertad de conciencia o de enseñanza, lo condicionaba hasta casi extinguirlo, o cuando el conflicto de derechos enfrentaba a los de ruana con los de saco.

Dos fenómenos parecen haber confluido en la segunda mitad del siglo XX —un período caracterizado además por avances reales substanciales, como la creciente igualdad entre los géneros—, para dar al tema de los derechos humanos una nueva importancia. El primero fue la aprobación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el desarrollo posterior de otros instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. La tradición liberal occidental fue acogida como la base de un orden que exigía a todos los estados, independientemente de sus tradiciones, el respeto a los derechos de sus propios ciudadanos. Este consenso fue decisivo en la caída de los gobiernos socialistas, que defendían una interpretación diferente de los derechos humanos.

Colombia se incorporó fácilmente a este orden, en la medida en que coincidía con sus normas y tradiciones. Sin embargo, lo hizo en el contexto de un enfrentamiento armado interno. Así, mientras que el país podía ratificar las convenciones internacionales, muchos colombianos alegaban que, en la lucha contra la subversión, el Estado violaba sus propias normas y las reglas internacionales. Aunque esta contradicción comenzó a hacerse evidente desde mediados de siglo, se hizo más aguda con el auge del narcotráfico y su participación, mediante la organización de grupos privados, en la lucha contra la guerrilla. A partir de 1978, sobre todo, los organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos han hecho una activa campaña para impulsar su protección, pero también para presentar al gobierno como violador de éstos (mediante la tortura, la ejecución o desaparición de guerrilleros y simpatizantes, el apoyo a grupos paramilitares, la detención arbitraria, etc.).

Este proceso, con sus diversas motivaciones, hizo de la defensa de los derechos humanos un tema político central. El Estado respondió estimulando la legislación de protección y la creación de instituciones de defensa de los derechos humanos. De ello es buen ejemplo la Constitución de 1991, con su amplia declaración de derechos, el reconocimiento de derechos de las poblaciones indígenas, la tutela, la Defensoría del Pueblo y otros mecanismos de protección. Al mismo tiempo el gobierno ha tendido a ver a las organizaciones privadas de defensa de los derechos humanos con desconfianza, suponiendo a veces que buscan dificultar la acción del Estado contra los grupos armados y que hacen parte de una estrategia comunista. Para ello, se apoyan en el hecho, legítimo por lo demás, de que unas pocas organizaciones no gubernamentales hayan tenido simpatías por la guerrilla y de que casi todas hayan mantenido, con base en una argumentación estrechamente legalista, que la única entidad que puede violar los derechos humanos es el Estado, y por ello insistan en negar que la guerrilla los viole.

La Constitución de 1991 incorporó, además, al inventario de derechos humanos varios derechos económicos y sociales (empleo, vivienda, salud, cultura, etc.) e incluso convirtió en derechos de los ciudadanos algunos de los objetivos básicos del orden constitucional, como la paz. De este modo, la Constitución no solamente señaló los derechos exigibles del Estado, sino que definió como derechos muchos temas que normalmente hacen parte de la controversia política. Al hacerlo, tendió a despolitizar la búsqueda de metas sociales y a crear un ambiente en el que el desarrollo económico y social no se logra a través de la política y la participación democrática, sino mediante demandas en los tribunales.

Así pues, hoy el país enfrenta varios dilemas complejos, con instituciones avanzadas pero a veces ineficaces. El primero es cómo hacer compatible la defensa de los derechos ciudadanos amenazados por la guerrilla (la libertad, la vida, la propiedad, la seguridad, el medio ambiente) con la protección a los ciudadanos de arbitrariedades judiciales y policiales (debido proceso para allanamientos y procesos judiciales, control de abusos como tortura o asesinato de guerrilleros). Y el segundo es cómo hacer que, en un contexto de limitaciones económicas, las prioridades en la lucha por cubrir las necesidades fundamentales de la población y satisfacer sus llamados derechos de segunda generación (salud, educación, vivienda) expresen la voluntad de la sociedad, definida a través de sus mecanismos políticos propios.

Observación general

Colombia padece desde hace casi 40 años uno de los conflictos armados más cruentos de América Latina, de serias y profundas consecuencias para la sociedad en general y, en particular, para las organizaciones y personas que trabajan en la defensa y el fomento de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y la paz.

Esas organizaciones y personas vienen padeciendo múltiples y graves violaciones de sus derechos y libertades fundamentales, incluyendo el derecho a la la vida y a la integridad física. Hechos cuya responsabilidad comparten, en diverso grado, los distintos actores armados : fuerzas militares y policiales, grupos paramilitares(1) y grupos guerrilleros(2)

Una rápida vista de los datos disponibles lleva a creer que se trata de un fenómeno en el que confluyen factores de orden político e intereses económicos y financieros de carácter local, regional y nacional.

En efecto, un estrecho vínculo de causalidad parece existir entre, por una parte, la concentración de actores armados en ciertas áreas o regiones y, de otra, la implantación o la posible implementación en esas zonas de proyectos industriales o agroindustriales y "mega-proyectos" (grandes obras públicas), lo mismo que con el cultivo, procesamiento y exportación de drogas ilícitas.

La ocupación territorial ha significado a menudo el desarrollo de un clima de violencia extrema en contra de la población civil indefensa, en especial la población rural o residente en pequeñas ciudades y poblados, y más específicamente en contra de sus dirigentes o personas más representativas. Tal violencia, expresada en amenazas, persecuciones, detenciones ilegales, tortura, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres, también se manifiesta en el desplazamiento forzado por la acción deliberada de actores armados, en particular los grupos paramilitares(3), lo mismo que por el temor de sufrir actos represivos o para escapar a la degradación de las condiciones generales de vida, la miseria económica, etc. Fenómeno que afecta a más 1'500.000 personas, en su mayoría niños y jóvenes menores de 18 años(4).

Esta evolución revela una franca degradación del conflicto, con una predominante "interposición de actores" y escasa confrontación real entre contendientes. Un conflicto donde predominan las agresiones a civiles indefensos y el desplazamiento forzado de la población rural. Situación en la que han cobrado vigencia la estigmatización, amenaza, persecución, judicialización y exterminio de promotores y defensores de los derechos humanos y, en general, de toda persona que opine o manifieste alguna actitud frente al conflicto, sus consecuencias y sus actores o, simplemente, a la problemática en general.

En ese marco las actividades de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, en particular el acopio de informaciones y la denuncia de violaciones de esos derechos, la lucha contra la impunidad y la asistencia a personas desplazadas, incluyendo la exigencia del retorno a sus tierras o su reubicación, motivan un clima de caracterizadas reacciones desproporcionadas, violentas e injustificadas contra los defensores y sus organizaciones.

Tal situación, conducente a graves y sistemáticas violaciones de los derechos y libertades fundamentales de los defensores de los derechos humanos, se ha visto alentada por autoridades estatales y gubernamentales, quienes han favorecido el desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones.

En el presente año, el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos ha constatado, con profunda preocupación, una sensible agravación de los niveles de violencia y represión en todo el país; situación que tiene como blanco principal la población civil y en particular las personas y organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos, a quienes los actores armados, especialmente los grupos paramilitares, sitúan en la primera línea del conflicto.

El Observatorio considera tal evolución como un efecto de la aplicación del Plan Colombia, toda vez que precisamente en las últimas semanas la confrontación armada ha parecido intensificarse entre fuerzas militares y guerrilla, mientras que por otra parte se ha agudizado la ocupación territorial, las agresiones de grupos paramilitares contra la población civil y el desplazamiento forzado de ésta, lo mismo que las amenazas y atentados contra los defensores de los derechos humanos, incluido en el derecho humanitario y la paz.

II. Situación de los Defensores de Derechos Humanos

Durante estos años diversas autoridades, incluso del más alto nivel(5), han hecho pública manifestación de conceptos dirigidos a desconocer, estigmatizar y deslegitimar la labor de personas y organizaciones que trabajan en defensa de los derechos humanos; generalmente en respuesta a sus críticas ante el comportamiento de las fuerzas militares y de seguridad, la complacencia que algunas autoridades han observado respecto de las actuaciones de los grupos paramilitares y el clima de impunidad imperante en el país.

Entre 1990 y 1999 decenas de defensores han sido víctimas de ejecuciones sumarias, desaparición fozada, secuestros, además de múltiples amenazas, atentados, detenciones arbitrarias, allanamientos y violaciones del derecho a un juicio justo(6).

Desde 1997 el avivamiento de las imputaciones contra organizaciones y personas(7), se tradujo en una intensificación de las actividades ilegales en contra de las mismas por parte de miembros de fuerzas militares o policiales y de grupos paramilitares.

No hay duda de que tales acusaciones se hallan en directa relación con las amenazas, persecuciones y la apertura de investigaciones judiciales y procesos por parte de la justicia regional en contra de los miembros de varias organizaciones(8), el allanamiento de las oficinas de diversas organizaciones, entre ellas la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS), la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz (CIJYP) y la Corporación Minga.

También parecen vinculadas con graves atentados al derecho a la vida. Así, por ejemplo, poco después de que el General Manuel José Bonett(9) declarara que las ONG habían hecho mucho daño y que el Centro de Investigaciones y Educación Popular (CINEP) había formulado denuncias sobre violaciones de derechos humanos para desacreditar al ejército, dos miembros de esta organización: Mario Calderón y Elsa Alvarado, fueron asesinados en Bogotá el 19 de mayo de 1997.

En 1999, las ONG y sus miembros siguieron siendo blanco de acusaciones, insistiendo en considerarlas como colaboradoras de la guerrilla(10), siendo acusadas también de falta de patriotismo, mientras que a organizaciones internacionales que trabajan en el país se les acusó de intervencionismo y de irrespetar gravemente a la patria. Acusaciones, estas últimas, esgrimidas como reacción a la declaración que las ONG remitieran a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, haciendo constar el incumplimiento gubernamental en la aplicación de las recomendaciones de la ONU y señalando, además, la responsabilidad de los distintos actores armados por las violaciones de los derechos humanos.

Aunado a esto las Autodefensas Unidas de Colombia - AUC - acusaron a las ONG de "paraguerrilla", advirtieron que secuestrarían a miembros de las ONG, dirigentes sindicales y otros activistas, en represalia por las "pescas milagrosas"(11), y anunciaron una campaña de "depuración" de las ONG(12).

Durante 1997 y 1998 el Observatorio conoció de las ejecuciones sumarias o asesinatos de varios defensores(13) entre quienes figuran Mario Calderón y Elsa Alvarado, miembros del Centro de Investigaciones y Educación Popular; Jesús María Valle Jaramillo, fundador y presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia; Eduardo Umaña Mendoza, prestigioso abogado y miembro de 1988 a 1994 del Consejo ejecutivo de la Organización Mundial Contra la Tortura y, Jorge Ortega, Vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la CUT, en octubre 1998(14).

En 1999 el Observatorio siguió conociendo de hechos indicadores de una franca agudización de la represión, especialmente mediante persistentes amenazas o atentados(15), secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias o asesinatos selectivos.

Comenzando el año, el 28 de enero, grupos paramilitares secuestraron y posteriormente liberaron a cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación (IPC): Claudia Tamayo, Jorge Salazar, Jairo Bedoya y Olga Rodas; lo mismo que la Dra. Piedad Córdoba, Senadora y Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, secuestrada el 21 de mayo. Mientras tanto sigue sin conocerse el paradero de otras personas igualmente secuestradas, como es el caso de Edgar Quiroga, miembro de la Mesa de Trabajo Permanente por la Paz y el Desarrollo del Magdalena Medio, y Gildardo Fuentes, testigo de excepción en procesos por denuncias de torturas contra pobladores de la región del corregimiento Cerro Azul, muncipio de San Pablo, Bolívar. Ambos secuestrados el 28 de noviembre.

Varios defensores también fueron víctimas de ejecución sumaria, entre ellos Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, miembros del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el 31 de enero, cerca del municipio de San Luis, Departamento de Antioquia; Manuel Avila Ruíz, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), y Lucindo Domicó Cabrera, líder de la Comunidad indígena Emberá Katío, asesinados en abril 1999; Hernán Henao-Delgado, Director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia y miembro de la Asamblea Regional de la Sociedad Civil por la Paz, asesinado en mayo de 1999; Gustavo Marulanda, estudiante de la Universidad de Antioquia y activista en favor de la libertad de educación, en agosto 1999; Hernán Mora Mora, Presidente del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Risaralda y dirigente nacional de la Confederación General de Trabajadores Democráticos - CGTD - el 22 de septiembre. Hechos cuya responsabilidad se imputa principalmente a grupos paramilitares.

A fines de febrero, además, miembros de las FARC secuestraron y asesinaron a tres estadounidenses : Ingrid Washinawatok, Terence Freitas y Lahe'ena'e Gay, defensores de los derechos de los pueblos indígenas, cuyos cadáveres fueron hallados el 4 de marzo en territorio venezolano.

Con excepción de la reivindicación de los asesinatos de algunos defensores(16) y de los referidos secuestros(17), en la mayoría si no la totalidad de los restantes casos se presume la responsabilidad de grupos paramilitares y/o miembros de fuerzas militares o de seguridad.

El año 2000 se presenta especialmente trágico (véase anexo I). La violencia contra los defensores se incrementa y parece que se dejan de lado los medios " legales " e intimidatorios para pasar a la eliminación física.

Durante estos meses el número de ejecuciones sumarias ha seguido aumentando de manera inquietante (ver cuadro 1), y ha persistido la práctica de la desaparición forzada de personas, lo mismo que las amenazas y persecuciones judiciales.

(Grafico a ser agregado)

Fuente : datos procedentes del Observatorio para la protección de los Derechos Humanos.

Así, durante el presente año el Observatorio ha conocido, entre otros hechos, de las ejecuciones sumarias de Jesús Orlando Crespo Cárdenas, presidente del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande; Jesús Ramiro Zapata Hoyos, coordinador del CODEHSEL, y por quien la Comisión interamericana de Derechos Humanos había pedido al gobierno medidas que garantizaran su seguridad; Carmen Emilia Rivas, Presidenta de la Asociación Nacional de Trabajadores de Hospitales y Clínicas, seccional Cartago; Edgar Marino Pereira Galvis, dirigente de la organización sindical ANTHOC; Antonio Hernández, abogado y miembro de CREDHOS, Héctor Enrique Acuña, presidente del sindicato UNIMOTOR y miembro de CREDHOS; Elisabeth Cañas Cano, trabajadora social y miembro de ASFADDES; Carmen Sánchez Coronel, miembro del Sindicato de maestros del Norte de Santander (ASINORT), asesinado junto a otras seis personas.

En estos meses el Observatorio también ha conocido de varios casos de desaparición forzada, práctica que parece perfilarse en el 2000 como un hecho más frecuente que en años anteriores. Entre las víctimas figuran Jairo Bedoya Hoyos, director del programa " campaña para que Embera Viva " establecido por la OIA (Organización Indígena de Antioquia); Gilberto Agudelo Martínez, Presidente del sindicato de trabajadores y empleados universitarios (SINTRAUNICOL); Roberto Cañate Montealegre, dirigente del sindicato de trabajadores del municipio de Bugalagrande; los hermanos Rubén Usuga Higuita y Wilson Usuga Higuita, lo mismo que su sobrino Arvey Poso Usuga, todos ellos miembros de ASFADDES.

Cuando se preparaba este informe el Observatorio conoció también de la desaparición forzada, el 6 de octubre, de otros dos miembros de ASFADDES : Claudia Patricia Monsalve Pulgarín y Angel Quintero Mesa, quien además forma parte de la familia Usuga Higuita.

(Grafico a ser agregado)

Fuente : datos procedentes del Observatorio para la protección de los Derechos Humanos.

Finalmente, el Observatorio también ha seguido conociendo de numerosas amenazas contra personas vinculadas a distintas organizaciones, como es el caso de Alirio Uribe, abogado y miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Rafael Marrugo, dirigente del Sindicato de trabajadores y empleados universitarios de Colombia; Gerardo González, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores y Presidente del Sindicato de Pequeños Agricultores de Cundinamarca.

Es de advertir que las amenazas afectan a miembros de la totalidad de las organizaciones citadas en este informe, lo mismo que a decenas de otras personas y organisaciones; situación que, como queda demostrado, a menudo se han concretado en ejecuciones sumarias o asesinatos y desapariciones.

La violencia y la represión también afecta a defensores institucionales o funcionarios estatales que trabajan en favor de los derechos humanos, en especial los miembros de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación(18), de la Defensoría del Pueblo(19) y Personeros(20).

Estas personas son blanco de graves amenazas o atentados y se encuentran en una situación paradójica, especialmente quienes ejercen sus labores en zonas donde hay presencia de actores armados, en razón de su rol en investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos. De hecho diversos testimonios e informes llevan a considerar que, si no renuncian a sus funciones, esas personas sólo pueden optar entre cooperar con los actores armados o enfrentarlos. Opciones que en todo caso implican serios riesgos para sus vidas, expresados en amenazas, persecuciones, asesinatos,etc.

Así, entre 1992 y agosto 1999, 21 miembros de la Fiscalía habrían sido asesinados por uno u otro de los actores armados. Y aunque el Observatorio no tiene la certeza de si esos hechos fueron motivados por el rol de las víctimas en investigaciones de violaciones de los derechos humanos, lo cierto es que muchos funcionarios han sido amenazados y varios funcionarios han debido refugiarse en el exterior.

La situación de los personeros es todavía más precaria. Aunque en los últimos años, según diversos informes, no menos de 18 personeros municipales han sido asesinados y muchos padecen constantes hostigamientos(21), las autoridades parecen haber desconocido los riesgos que enfrentan. Esto ha significado, en ciertos casos, la apertura de procesos disciplinarios por abandono de funciones a quienes han debido huir de sus comunidades para salvar sus vidas y la de sus familias.

En el caso específico de los personeros, las amenazas y agresiones parecen motivadas principalmente por : a) sus actividades en la recepción o verificación de denuncias; b) su labor en el fomento y la protección de los derechos humanos; c) el hecho de que unos y otros de los actores armados les consideren enemigos; y d) los vínculos de algunos personeros con formaciones políticas alternativas.

Este último aspecto parece hallarse en la base de la propuesta gubernamental, en septiembre 1999, de abolir en ciertos casos la figura del personero, alegando que fueron nombrados por razones políticas sin un rol en la defensa de los derechos humanos.

Así pues, a lo largo de estos años se ha configurado un real proceso represivo contra los defensores de los derechos humanos, el cual se ha desarrollado bajo modalidades distintas, con la finalidad de silenciar a quienes, en forma individual, en el marco de organizaciones civiles o de instituciones gubernamentales, desarrollan labores de promoción, protección y defensa de los derechos humanos, incluyendo la paz.

III Interlocución y comportamiento gubernamental

En 1992, por iniciativa de los propios defensores, el Gobierno accedió a iniciar un proceso de interlocución, dirigido a posibilitar la apertura de espacios de concertación de políticas gubernamentales y, más concretamente, a la adopción de medidas que afirmaran el reconocimiento y la legitimidad de las labores de las ONG y sus miembros, así como de la responsabilidad que en la protección de los mismos le corresponde al Estado(22).

Peticiones que además se hallan reflejadas, la mayoría, en los numerosos requerimientos formulados por diversos organismos regionales y universales de control en materia de derechos humanos, en especial la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión y la subcomisión de Derechos Humanos y los mecanismos convencionales y temáticos.

Vistas de manera general esas peticiones y recomendaciones se han orientado a obtener que el Estado :

a) garantice a las organizaciones y sus miembros las condiciones necesarias para el ejercicio de sus actividades(23); b) establezca mecanismos o espacios de distensión entre las ONG y autoridades civiles y militares; c) controle y verifique las investigaciones de los organismos de seguridad, garantizando también el derecho de las personas a obtener la rectificación, aclaración o supresión de las informaciones que les conciernan(24); d) adopte medidas eficaces para neutralizar, proseguir acciones judiciales y sancionar a los grupos paramilitares; e) asegure la investigación de las violaciones de derechos humanos, en particular las perpetradas contra los defensores, a fin de sancionar a los responsables; f) depure las fuerzas militares y de seguridad, separando a los funcionarios comprometidos en violaciones de los derechos humanos; g) asegure la tipificación legal de la desaparición forzada de personas; h) reforme el Código penal militar; i) suprima la justicia regional.

Si bien las autoridades han dado respuestas, con excesiva lentitud, a ciertos requerimientos de las ONG y de la comunidad internacional, hasta ahora han omitido adoptar medidas para combatir real y eficazmente las causas y los actores de las violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En este contexto, es sumamente preocupante que hasta ahora las autoridades rehusen aplicar medidas eficaces para neutralizar, enjuiciar y sancionar a los grupos paramilitares, y para asegurar un real proceso de depuración de las fuerzas militares y de seguridad, mediante el retiro de sus miembros comprometidos en graves violaciones.

Sobre este último punto, si bien el retiro de ciertos oficiales(25) y la previsión de ciertas medidas(26) orientadas a la depuración de las fuerzas armadas y de seguridad son signos alentadores, el Observatorio no dispone hasta ahora de datos que disipen sus dudas acerca de la real voluntad de recta y eficaz ejecución de tales medidas.

Preocupación tanto más acusiante dado que hasta ahora el involucramiento, real o presunto, de miembros de las fuerzas armadas en violaciones de derechos humanos, no ha merecido más que una escasa atención de las autoridades. Así lo indica el que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad continúen en servicio, sin que ni siquiera se les haya suspendido, pese a las denuncias en su contra y no obstante hallarse sujetos a investigación judicial.

Las autoridades tampoco han dado muestras de una real voluntad de investigar y esclarecer las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. A pesar de haber afirmado repetidamente que esto forma parte de sus prioridades, informes concordantes evidencian una profunda asimetría entre el número de delitos o crímenes denunciados y los casos objeto de indagación, lo mismo que entre los casos investigados y aquellos cuyos autores han sido detenidos y/o efectivamente sancionados.

En referencia a recientes casos, por ejemplo, el Observatorio ha sido informado de que actualmente se espera que se dicte sentencia contra cuatro paramilitares por las muertes de Mario Calderón, Elsa Constanza Alvarado y su padre(27), y en el caso de la muerte de Eduardo Umaña Mendoza, aunque se ha dado inicio al juicio correspondiente algunos de los sindicados fueron liberados. Mientras que en el caso del asesinato de Jesús María Valle Jaramillo, por el que se ha detenido a varios paramilitares detenidos, si bien se ha iniciado jucio el fiscal que instruía la causa y quien debía sustentar la acusación fue amenazado de muerte y se retiro del cargo, y otros cuatro funcionarios que han conocido del caso también han sido amenazados.

Las mismas informaciones indican que en relación a las muertes de Everardo de Jesús Puerta y Julio Ernesto González, el Ministerio Público no ha abierto investigación penal y sostiene que ambos fueron víctimas de delincuentes comunes. Esto pese a que los hechos se produjeron en una zona altamente paramilitarizada y de que, según algunos de los testigos, ambos fueron asesinados después de ser plenamente investigados por sus victimarios.

Por otra parte, hasta ahora los crímenes cometidos contra miembros de CREDHOS y otras organizaciones permanecen impunes, aparentemente sin investigación real, lo mismo que cientos de otras graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Paradójicamente, mientras los responsables de graves violaciones son escasamente "inquietados" por la justicia, las organizaciones siguen siendo objeto de persecución judicial por sus denuncias de graves violaciones cometidas por las fuerzas militares.

El último de estos casos comunicados al Observatorio, es la acusación judicial por calumnia en contra de las directivas de la Corporación Jurídica Humanidad Vigente y del Comité Regional por la Defensa de los Derechos Humanos de Arauca "Joel Sierra". Tales acusaciones han sido formuladas ante la Fiscalía General de la Nación por parte del Comandante de la Fuerza Aérea el General Velasco, y se motivan en denuncia de las organizaciones sobre la responsabilidad de miembros de las Fuerzas Armadas en la muerte de 16 personas, incluidos 9 niños.