BIENVENIDO GRADO NOVENO
taller 3 periodo II
Area/asignatura: CIENCIAS SOCIALES
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Grado: Noveno
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Período académico: II
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Docente: GONZALO A. ROCHE SALDARRIAGA
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Competencias: -Examina las implicaciones que tiene para la democracia
y la ciudadanía la vulneración de los Derechos Humanos (DD. HH.) y sugiere
para su protección mecanismos constitucionales.
-Justifica el uso de los mecanismos de participación
ciudadana: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa popular, la revocatoria del mandato.
-Explica mediante estudios de caso el papel que cumplen
las autoridades que protegen los DD. HH. en Colombia (Procuraduría General de
la Nación, Defensoría del Pueblo y personerías).
-Identifica la participación de las mujeres en la
historia de Colombia en el ámbito político, académico, cultural, industrial y
financiero. Caracteriza formas de violencia contra las mujeres en el país y
en el mundo (psicológica, sexual, económica, doméstica, laboral, mediática y
física) y propone alternativas para cambiarlas.
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Descripción de las actividades a
desarrollar en el mejoramiento académico:
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Fecha de presentación o de desarrollo de
la actividad:
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1.enviar al correo electrónico gonzaloroche@iebarriosannicolas.edu.co revisar el blog del docente Gonzalo Roche en la
Pagina Institucional o a la Dirección http://gonzaroche.blogspot.com donde encuentras el taller y las instrucciones. Plazo para la entrega el día 9 de julio
del año en curso. Las inquietudes hacerlas llegar por intermedio del correo,
o hacer los comentarios en el blog del docente Gonzalo Roche.
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TALLER
1. En
este taller la única actividad es leer y sacar glosario de palabras
desconocidas y hacer resumen para evidenciar que si se leyó
Conflicto en
Colombia: antecedentes históricos y actores
1. Conflicto en Colombia: antecedentes
históricos y actores
La historia de Colombia en los últimos
sesenta años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la
desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación
política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada. Un método que
en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el
narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un
contexto de lucha revolucionaria, Guerra Fría y guerra contra el terrorismo que
han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia.
En este contexto, los grupos armados han
justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder
transformar la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados
como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de
la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y
políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República
(S.XIX) hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia
con los actuales procesos de paz.
Periodo La Violencia
En el S.XIX el Partido Conservador y el
Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero, se
caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político
que protegía los intereses de la clase adinerada; mientras que el segundo, se
presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de
comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas
fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles: 14 de conservadores contra
liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra
liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el
periodo de la violencia.
El Bogotazo
A inicios del siglo XX los enfrentamientos
entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y
agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que
se encontraba el país (inflación e impacto de las crisis económica ocasionada
por la Segunda Guerra Mundial) fomentó los procesos de radicalización de los
movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal
Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la
ciudad de Bogotá conocida como el Bogotazo (1948) que pronto se extendió al
resto del país. Se produjeron actos violentos: incendios a edificios públicos,
destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios,
atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales
populares, se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron
gobiernos revolucionarios.
Frente Nacional
En 1956 el partido conservador y el partido
liberal firmaron el Pacto de Benidorm, en España. Un acuerdo que establecía el
sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia
hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático
después de la dictadura militar del General Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo,
el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual
se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento
Revolucionario Liberal (MRL), el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario
(MOIR) y Alianza Nacional Popular (ANAPO).
1.1 Los protagonistas del conflicto armado
Una de las características del conflicto en
Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el
conflicto armado en el país. Aunque los principales actores del conflicto
siempre han sido, en su mayoría, los partidos políticos tradicionales y los
movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios,
paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor
predominancia según el período que se estudie. Además, cabe recordar que, en
líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una
élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora
y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y
campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad
ni a los servicios de Estado.
Entre 1974 y 1990 la historia de Colombia se
encuentra marcada por varias reformas constitucionales que, a pesar de
presentar algunos avances, mantendría serias deficiencias sociales de carácter
estructural. Entre ellas destaca la
promulgación de una reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las
tierras. En 1978 la represión política y armada ejercida bajo la legislatura
del Presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) del Partido Liberal fue
conocida por la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el
objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas
violaciones a los derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de
1970 se realizaron cambios drásticos en política económica: se redujo la
intervención estatal dando lugar a los procesos de liberalización económica. El
resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de
interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial.
Surgimiento de las guerrillas contemporáneas
El origen de las guerrillas contemporáneas
en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y
a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores
excluidos se destacan el ámbito universitario e intelectual, la población
campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del
siglo XX, se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército
del Pueblo (FARC-EP), el Ejército de
Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el
Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Cada movimiento ha respondido a una
concepción política, ideológica y militar reflejo de toda la gama de líneas en
la que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos
movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y
adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En
los primeros años los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la
frustración política y social.
a) Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP)
Las FARC-EP se formó en 1964 como un grupo
de autodefensa campesina, de ideología marxista-leninista y cuya estrategia
militar ha sido principalmente la lucha guerrillera. Los orígenes de este grupo
tiene lugar en la primera conferencia del Bloque Sur. Pedro Antonio Marín
Marín, alias Manuel Marulanda Vélez o Tirofijo, integró las filas de las
autodefensas campesinas liberales en la década de 1950, en un territorio del
corregimiento de Gaitania (Departamento del Tolima) denominado República de
Marquetalia. El objetivo fue crear la guerrilla para representar a la población
rural y para constituir un gobierno que se dedicara a la redistribución del
bienestar. En 1982, en la VII Conferencia en la región del Guayabero (Meta) la
guerrilla decidió añadir "Ejército del Pueblo (FARC-EP)" al nombre y
aclaran la concepción operacional táctica y estratégica.
A nivel geográfico este grupo armado ha sido
más extenso en las regiones sudorientales de la selva y en las llanuras de la
base de la Cordillera de los Andes. En el año 2000 el movimiento controlaba
casi el 40 por ciento del territorio colombiano, con cerca de 12.000
combatientes y en 2007 con 18.000 según las declaraciones de la organización.
En el año 2008, Tirofijo murió a causa de un infarto cardíaco y dejó en el
mandato a Alfonso Cano quien falleció en manos del Ejército en 2011.
Actualmente Rodrigo Lodoño Echeverri, conocido como Timochenko dirige el
movimiento y cuenta con cerca de 8.000 integrantes.
b) Ejército de Liberación Nacional de
Colombia (ELN)
El ELN nace en 1965 influenciada por la
Revolución Cubana (1959) y la Teología de la Liberación. Junto con las FARC-EP
conforman el denominado foco insurreccional. Históricamente, el surgimiento de
este movimiento tiene que ver con la radicalización de la lucha de clases a
través de la violencia. Ese proceso se entrelaza con la necesidad de sobrevivencia
y la convicción de la imposibilidad de darle una salida por medio de otras vías
a la situación que vive el país. En la
actualidad el jefe del ELN es Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino” y
dispone de cerca de 3.000 combatientes y la base ideológica es
marxista-leninista. El ELN ha tenido presencia mayoritariamente en la zona del
Catatumbo, en la zona Norte de Santander, el sur del Departamento de Bolívar,
los departamentos de Arauca, Cesar, Antioquia, Cauca, Nariño, el Chocó y Valle
del Cauca. El objetivo principal de este grupo armado es la incidencia sobre
poderes locales y regionales; portadores de la propuesta de "doble
poder" recogida de la experiencia en El Salvador. El ELN nace con la
influencia de la Revolución Cubana y otras luchas de tipo nacionalista.
c) Ejército Popular de Liberación Nacional
(EPL)
El Ejército Popular de Liberación Nacional
se constituye en 1966 y a diferencia de los anteriores su ideología es
marxista-leninista-maoísta vinculado al Partido Comunista. Este grupo pasó por
un proceso de desmovilización de 2.000 combatientes en 1991. En la actualidad
opera una pequeña disidencia denominada Frente Libardo Mora Toro en el Norte de
Santander.
d) Movimiento 19 de Abril (M-19)
El M-19 entra en escena en 1973 y se diferencia
de las demás experiencias subversivas por su carácter rural, discurso
democratizador y porque se autodefinían como un movimiento antioligárquico,
antiimperialista, de unidad y con una propuesta política. Nació a raíz del
declarado fraude electoral en 1970. Algunos de sus líderes principales habían
combatido previamente en las FARC-EP y se convirtieron en fuerza política
(Alianza Democrática M-19) después de la firma del acuerdo de Corinto en 1984,
de un acuerdo de paz en 1990 y del proceso de desmovilización acordado en 1989
que dio como fruto una nueva Constitución en 1991. En este año se
desmovilizaron también el EPL, Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT) y
el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL).
Paramilitarismo
Son grupos de extrema derecha, que se
multiplicaron en la década de 1980 y tienen su origen en la promulgación de la
Ley 48 de 1968 a través de la cual el Estado colombiano permitió la
privatización de la lucha armada a manos de civiles protegidos por los
intereses de las élites regionales. En la década de los ochenta, el ingreso en
escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo el conflicto con las
guerrillas. Los traficantes empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias
en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de extorsión.
Los paramilitares se extendieron gracias al apoyo de ricos hacendados y
pequeños industriales. Un evento que marcó de forma decisiva la conformación
del paramilitarismo en estos años fue el secuestro por parte del M-19 de Martha
Nieves Ochoa, familiar de miembros del cártel de Medellín.
En los años noventa se creó el grupo
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que unió a diversos grupos
paramilitares. La AUC se disolvió entre 2003 y 2006 en un proceso de
desmovilización emprendido por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005)
impulsada por el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. En
los primeros dos años se desmovilizaron 23 grupos en los cuales participaban
cerca de 14.000 personas. No obstante, algunas facciones no adscritas al
proceso de desmovilización han formado lo que hoy se conoce como las BACRIM o
bandas criminales.
Fuerzas de seguridad
Las Fuerzas de seguridad comprenden las
Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerzas Aéreas) y la Policía Nacional.
Estos organismos iniciaron la lucha contra de los grupos insurgentes con la
adopción de la Doctrina de Seguridad Nacional que tenía como objetivo la
erradicación de la amenaza comunista a través de la creación de cuerpos de
seguridad antiterroristas y de asistencia para el desarrollo. En los últimos
años, las fuerzas de seguridad han pasado por un proceso de reestructuración y
modernización a través de programas como el Plan Colombia que ha contado con el
apoyo de Estados Unidos y que ha tenido como objetivo reafirmar el Estado de
Derecho y acotar la red de narcotráfico y tráfico de armas que alimenta la
violencia guerrillera y de otras organizaciones armadas. Sin embargo, según el
informe de Human Rights Watch de 2015, hasta julio de 2014 la Unidad de
Derechos Humanos de la Fiscalía ha investigado más de 3.500 casos de
ejecuciones ilegales presuntamente perpetradas por 785 miembros del Ejército
(soldados de bajo rango y suboficiales) entre 2002 y 2008.
Narcotráfico
En la década de 1990, Colombia se convirtió
en el primer productor de hoja de coca del planeta. Según Rafael Pardo en su
libro "La historia de las guerras", entre 1975 y 1995 la estructura
del negocio era sencilla. Bolivia y Perú producían el 90 por ciento de la hoja
de coca y de la pasta y base de coca, ésta se transportaba en pequeños aviones
a las selvas colombianas donde se refinaban el 90 por ciento de la cocaína del
mundo, la cual se vendía a Estados Unidos. Esta estructura se volvió más
compleja cuando los gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador decidieron controlar
las fronteras. Sin embargo, en el momento en que en Perú y Bolivia apareció un
hongo que acabó con el área cultivada, Colombia pasó a controlar también el
cultivo. Las FARC-EP acogieron gran parte de las hectáreas de cultivo, lo que
provocó que su capacidad militar también se incrementara y pasó a controlar 150
mil hectáreas de cultivos de hoja de coca localizados en dos millones de
hectáreas de selva en el sur del país.
La participación de las FARC-EP en el
narcotráfico tiene que ver con el proceso de producción de este narcótico. La
guerrilla se financia del cobro por seguridad a los cultivos ilícitos, del
impuesto a laboratorios ("impuesto de gramaje") y del uso de pistas
clandestinas. Por lo tanto, en medio del conflicto armado, el narcotráfico ha
servido como medio de financiación tanto para las guerrillas como para las
autodefensas.
El crimen organizado
Las redesde criminalidadse dedican
mayoritariamente altráfico de drogas y de armas. En los años setenta y ochenta,
los cárteles de droga se concentraron principalmente en las ciudades, siendo
los más conocidos el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Estos dos fueron
desmantelados durante los años noventa después de haber sido el blanco de
extensivas intervenciones por la policía colombiana. El cártel de Medellín fue
desmantelado y el de Cali encarcelado, lo que constituyó un logro para las
autoridades. No obstante, según el reporte "Cuatro décadas de Guerra contra
las drogas ilícitas: un balance costo-beneficio" del Ministerio de
Relaciones Exteriores, se registró un aumento considerable del cultivo de coca
después de este periodo. Tras la desaparición de los cárteles nuevas
agrupaciones han surgido y se ha observado un desplazamiento de las actividades
de éstas hacia Centroamérica y México. Los cárteles de crimen organizado
mantienen nexos con los paramilitares y con las guerrillas. Aunque las drogas
no eran propiamente un factor de guerra, lo fueron cuando los involucrados en
el narcotráfico decidieron retar al Estado para cambiar sus leyes, en
particular, el tratado de extradición con los Estados Unidos.
Víctimas
El informe ¡Basta Ya!del Centro de Memoria
Histórica, publicado en 2013 señala que entre 1958 y 2012 el conflicto causó la
muerte de 40.787 combatientes y 177.307 civiles. El número de desaparecidos
entre 1981 y 2010 fue de 25.000, el de secuestrados 27.023 y el de asesinatos
150.000. De esta última cifra el 38,4 por ciento fue responsabilidad de los
paramilitares, el 16,8 por ciento de la guerrilla y el 10,1 por ciento de la
Fuerza Pública (Centro de Memoria Histórica, 2013).
En la misma línea, el anuario de procesos de
paz 2015 de la Escuela de Cultura de Paz apunta que en 40 años de conflicto interno
hubo 39.000 colombianos que fueron víctimas de secuestro, con una tasa de
impunidad del 92 por ciento. Un 37 por ciento de los secuestros fueron
atribuidos a las FARC-EP y un 30 por ciento al ELN. El anuario reporta que
según el Uppsala Conflict Data Programme (UCDP) se registra un mínimo de 1.000
muertos anuales relacionados con el combate (Escuela de Cultura de Paz,
2015).
Por otro lado, la organización ACNUR
sostiene que desde 1997 se han producido 3,9 millones de desplazamientos
forzosos en Colombia (ACNUR, 2013). La sociedad civil ha resultado afectada en
su mayoría por el conflicto armado y desde hace muchos años realiza protestas
en contra de la violencia ejercida por todos los involucrados en el conflicto.
Las comunidades de mujeres, afrodescendientes e indígenas, entre otros,
representan un papel crucial en las demandas ciudadanas, desde 1998 (el año en
el que se creó el Consejo Nacional de Paz) aportan en el diálogo de paz,
dirigiendo sus peticiones tanto a las guerrillas como a los grupos
paramilitares y al gobierno.
En cuanto al número de personas desplazadas
el informe ¡Basta Ya! reporta 5,7 millones de víctimas entre 1985 y 2012
(Centro de Memoria Histórica, 2013). En 2011, el presidente Santos aprobó la
Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que incluía la restitución de
millones de acres a personas desplazadas y la recompensa financiera para
víctimas de violaciones de los derechos humanos. Según el informe de Human
Rights Watch, este proceso está ralentizado por los grupos sucesores de los
paramilitares, quienes continúan creciendo, cometiendo atrocidades
generalizadas y manteniendo extensos vínculos con los miembros de las fuerzas
de seguridad pública y los grupos políticos locales (Human Rights Watch, 2015).
1.2. Internacionalización del conflicto
El proceso de internacionalización del
conflicto en Colombia se ha dado tanto por parte del Estado colombiano como de
los grupos insurgentes. Mientras que el Estado se concentró en la búsqueda de
legitimidad y asistencia militar de otros Estados, las FARC-EP optaron por
desarrollar lo que Ana Trujillo, profesora de la Universidad Javeriana,
denomina en su estudio sobre la internacionalización del conflicto colombiano
como ‘diplomacia paralela', una estrategia adoptada por la guerrilla en la
década de 1990 para copar espacios dejados por el Estado colombiano. En
términos generales estos dos actores del conflicto han buscado dos tipos de
cooperación internacional: en primer lugar, apoyo político y reconocimiento
exterior; y, en segundo lugar, apoyo militar y logístico.
La internacionalización del conflicto
también se debe entender a partir del contagio o de los daños y efectos
colaterales que produce un conflicto armado en la región y a nivel
internacional. Es decir, el proceso a través del cual un fenómeno trasciende
sus propias fronteras con violaciones a los derechos humanos, al derecho
internacional humanitario y crímenes transnacionales tales como: narcotráfico,
tráfico ilícito de armas y personas, por citar algunos ejemplos. Uno de los
mayores hitos en la internacionalización del conflicto se podría marcar durante
el gobierno de Andrés Pastrana durante el cual se apostó por involucrar a la
comunidad internacional y, en concreto Estados Unidos, mediante la creación del
Plan Colombia. Un proyecto cuya prioridad era la erradicación de cultivos
ilícitos y el fortalecimiento del Estado (Borda y Cepeda, 2012). Durante estos
años, la ayuda de Estados Unidos a Colombia fue clave para forzar el repliegue
de las FARC-EP. Como resultado de esta confrontación armada, la presencia de
las facciones de las FARC-EP se fue desplazando hacia las fronteras,
especialmente hacia Ecuador y Venezuela, fomentando de esta manera la
internacionalización del conflicto.
Por otro lado, durante el gobierno de Álvaro
Uribe Vélez se tomó la decisión de negar la existencia de un conflicto armado.
Esta estrategia complicó la aplicación
del derecho internacional humanitario, la aplicación de algunos mecanismos en
términos de cooperación al desarrollo, debilitó las relaciones de Colombia con
Venezuela y Ecuador. Según el Observatorio de Política Exterior Colombiana, la
ambigüedad del Estado a la hora de calificar a los grupos armados y de
establecer su vínculo con el narcotráfico
ha dificultado la posición de la Comunidad Internacional frente al conflicto en
ciertas instancias. A modo de ejemplo, si al inicio del gobierno de Pastrana se diferenciaba al grupo armado
del tráfico de narcóticos, al final del
mandato para el Presidente Pastrana, ambos actores eran considerados uno
solo.
Por otro lado, la posición de Estados Unidos
y de la Unión Europea ha sido tradicionalmente dispar. En 2002 la Unión Europea
decidió incluir a las FARC-EP en la lista de organizaciones terroristas y en
2004 al ELN. Este acto confirmó que la guerra contra el terrorismo había
causado un efecto en Europa. El bloque ha adoptado posturas conjuntas, como por
ejemplo con la ley de Justicia y Paz para la desmovilización (individual o
colectiva) de paramilitares (ley 795/2005), pero en paralelo Francia ha jugado
un rol individual sobre todo por el intercambio humanitario y la liberación de
la candidata presidencial Ingrid Betancourt en 2008.
En el contexto regional, las posiciones de
los países vecinos pueden clasificarse en tres grupos: primero aquellos que
consideran abiertamente a los movimientos subversivos como agrupaciones
beligerantes (Venezuela); segundo, aquellos países que los catalogan como un
grupo terrorista (Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Costa Rica, Honduras,
entre otros); y tercero, los que condenan sus acciones violentas y exigen la
liberación de los secuestrados, pero prefieren abstenerse de calificarlos
(Ecuador, Argentina, Bolivia, Brasil, México, por citar algunos).
En los últimos años el presidente Juan
Manuel Santos ha sabido mostrar la importancia de Colombia al mundo a través de
mecanismos de cooperación, intensificación y el redirección de las relaciones
entre países, el fortalecimiento de las políticas de desarrollo fronterizo y la
inserción del país a nuevos mercados a través de Tratados de Libre Comercio
(TLC). Además, el Presidente Santos ha mostrado liderazgo en las discusiones
sobre el cambio de perspectiva en la lucha contra las drogas sobre todo a nivel
regional. De esta manera Colombia ha intentado demostrar el
fortalecimiento de sus relaciones
exteriores mediante estrategias que buscan mejorar el desarrollo económico y
social, y la construcción de una política exterior eficiente y creíble.
Los Estados Unidos
Los Estados Unidos han jugado un papel
central en el desarrollo del conflicto en Colombia. En 1999 el Presidente Bill
Clinton, en alianza con su homólogo Andrés Pastrana, crearon un programa de
colaboración militar antinarcótico dentro del cual se diseñó el Plan Colombia,
que consistía en la creación de unidades militares fuertes y entrenadas para
tomar el control de las zonas cocaleras y proteger a la Policía en sus labores
de erradicación de cultivos. El control de estas zonas se convirtió en prioritario,
pero la Policía Antinarcóticos no tenía capacidad plena para enfrentar a las
guerrillas, que protegían esas áreas, por lo que se hizo necesaria la
participación del Ejército.
En Febrero de 2016, el Plan Colombia fue
renovado, entre otras cosas por los nuevos retos que el avance en los diálogos
de paz entre las FARC–EP y el Gobierno Nacional planteaban. Así, durante la
celebración de los 15 años del Plan Colombia, el presidente Barack Obama
anunció el inicio del nuevo Plan “Paz Colombia”, confirmándose como uno de los
principales socios para la paz en el país. El monto total consistiría en un
primer desembolso de 450 millones de dólares en 2017 con destino directo al
presupuesto nacional colombiano. Los 450 millones de dólares (de los cuales 390
millones son administrados por el Departamento de Estado y 60 millones por el
Departamento de Defensa estadounidenses) estarían invertidos en cuatro áreas
principales: seguridad y antinarcóticos, desarrollo rural, víctimas y justicia,
y desminado.
En junio de 2016 fueron aprobados por el
Senado los 390 millones que serían administrados por el Departamento de Estado.
Sin embargo, el Senado estipuló que se daría la dotación de este monto siempre
y cuando, antes de ser entregados los fondos el Secretario de Estado, se pueda certificar que:
-
El Tribunal creado en los Acuerdos de Paz para juzgar las violaciones de
derechos humanos, sea independiente y cuente con las facultades para imponer
sanciones y penas privativas, acciones de reparación y garantías de no
repetición.
-
Que los militares responsables de ornar, cometer o encubrir los falsos
positivos esté siendo investigados, sancionados y retirados de sus cargos.
-
La entrega de los Fondos constituye una prioridad para los intereses en
seguridad nacional de los Estados Unidos.
De manera paralela, la ayuda para Colombia
hace trámite en la Cámara de Representantes, en donde se han diferenciado el
monto dirigido al combate del narcotráfico y el terrorismo (300 millones de
dólares), y los fondos destinados al posconflicto (191 millones de dólares).
Así, el monto total debe alcanzar unos
491 millones de dólares, 50 millones más de lo pedido por Colombia y lo
estipulado en el proyecto original presentado por el Presidente Obama (450 millones).
El proyecto en su totalidad tenía que ser
aprobado por el Subcomité de Operaciones en el Extranjero, el Comité de
Apropiaciones, y por Plenaria en el Congreso. Sin embargo con la llegada de
Donald Trump a la Presidencia del país cooperante, la ayuda queda supeditada a
los nuevos lineamentos de la administración. Sus asesores expresaron en
múltiples ocasiones la necesidad de hacer una revisión de lo acordado con las
FARC-EP para definir si apoyaban o no los
procesos de implementación, sin embargo, la última palabra sobre el apoyo al
proceso de paz como tema prioritario para Estados Unidos estuvo en el Congreso
de Estados Unidos, con quien se movilizan continuamente esfuerzos de diálogo y
diplomacia.
Finalmente el 9 de mayo de 2017, El Congreso
aprobó una partida de 450 millones de dólares para la iniciativa de paz en
Colombia, ratificando las buenas relaciones con el país.
El Plan Colombia ha visto muchas críticas
por su ineficacia y su impacto negativo sobre la salud humana, los derechos humanos
y el medio ambiente. Sin embargo, gracias a esta estrategia se le han otorgado
a Colombia aproximadamente US$9.600 millones en apoyos centrados en la
reducción de las hectáreas de cultivos de coca para debilitar las finanzas y
capacidad operacional de los grupos armados ilegales (DNP, febrero 2016).
Del monto invertido, cerca del 71% ha
beneficiado a las Fuerzas Armadas y la Policía. El restante 29% apoyó proyectos
productivos en el campo, atención a la población desplazada, fortalecimiento de
unidades de la Fiscalía y del sistema de justicia, reintegración de
excombatientes, y las unidades de víctimas y de restitución de tierras. De
acuerdo al director del Departamento de Planeación Nacional, de cada 10 Dólares
7 fueron invertidos en componentes militares (85% en la lucha contra el
narcotráfico) y 3 en desarrollo económico y social.
El conflicto
armado de Colombia visto desde una perspectiva regional
Uno de los factores a tener en cuenta al
analizar el conflicto colombiano es el rol que han adoptado los países vecinos.
El fenómeno que los expertos han catalogado como el “derrame” del conflicto
colombiano en la región ha hecho de éste un problema de seguridad regional en
el que, aunque unos países tengan mayor participación que otros, todos tienen
algo que decir.
Los estados de Venezuela y Ecuador, y en
menor medida Brasil y Perú, han sido los más afectados por este “derrame”, y
por lo tanto han sido quienes han cumplido roles más activos tanto en el
transcurso del conflicto como en los procesos de negociación con las
guerrillas. Parece paradójico que al ser
los más afectados, son también con quienes más dificultades se han tenido en
términos políticos y diplomáticos debido a su ambigüedad frente a la posición y
apoyo a los grupos guerrilleros y a su oposición a la intervención de Estados
Unidos en las políticas de seguridad de la región y de Colombia
específicamente.
Con Venezuela las relaciones diplomáticas se
empezaron a deteriorar a partir del año 2004, cuando el gobierno colombiano
inició la denuncia internacional de la presencia de guerrilleros de las FARC-EP
en territorio venezolano. Durante todo el gobierno de Uribe las tensiones
diplomáticas fueron evidentes e incluso
las disputas llegaron a instancias internacionales. Con la llegada de
Juan Manuel Santos al poder en 2010 se normalizaron las relaciones. Sin
embargo, desde que Maduro asumió la presidencia de Venezuela, la diplomacia
entre los dos países se ha vuelto discursivamente reactiva y llena de
altibajos. Aun así, el apoyo del gobierno venezolano al proceso de paz ha sido
expresado desde sus inicios.
Por otro lado, con Ecuador las relaciones
fueron amistosas y de apoyo en las políticas de seguridad y defensa de Colombia
en contra de las FARC- EP y el ELN, hasta que Rafael Correa asumió la
presidencia (2007). Entonces, iniciaron una serie de tensiones debido a la
declaración de neutralidad del gobierno ecuatoriano frente a la lucha contra
las guerrillas en Colombia, rehusándose a declarar a la guerrillera como
terrorista o beligerantes, y absteniéndose de participar en operaciones
conjuntas con Colombia.
Estas tensiones fueron detonadas por hechos
como la incursión de aviones de fumigación con glifosato a territorio
ecuatoriano, en el marco del Plan Colombia; y la incursión militar en
territorio ecuatoriano en persecución de miembros de las FARC-EP, en el marco
de la “Operación Fénix”, que terminó en
el bombardeo al campamento en el que se encontraba Raúl Reyes. Ambos hechos
resultaron en la retirada del cuerpo diplomático de cada uno de los países y
acciones ante instancias internacionales, la primera con una demanda contra el
Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia (Aspersiones aéreas
con herbicida); y la segunda con la presentación del caso ante la OEA y la CAN
por violación de soberanía nacional de parte de Colombia. La llegada de Juan
Manuel Santos a la presidencia también significó la recomposición de las relaciones
con Ecuador.
Tanto Venezuela como Ecuador han sido
aliados clave en la resolución del conflicto armado colombiano debido no solo a
su cercanía geográfica, sino también a su afinidad ideológica con los grupos
guerrilleros colombianos, facilitando los acercamientos, la construcción de
confianza entre las partes y la mediación. De hecho Venezuela fue garante del
proceso de paz con las FARC - EP, y Ecuador lo es actualmente en el proceso con
el ELN que se llevaba cabo en Quito. Aparte de la turbulencia política que se
haya podido tener con estos dos países todos los países de la región han
expresado en múltiples ocasiones, tanto a nivel personal como miembros parte de
organismos multilaterales (CELAC, OEA, CAN, etc.) su apoyo al proceso de paz y
el beneficio que esto implica para la estabilización de la región.
profe usted en este punto
ResponderEliminar2. Explique por qué razón siendo Colombia un país tan diverso tenemos altos índices de pobreza. se refiere a diverso culturalmente, racialmente, socialmente y cosas asi o se refiere a la diversidad ambiental de Colombia?